Minerales Críticos en Norteamérica: ¿Pueden Coexistir la Estrategia de EE. UU. y el Marco Legal de México?

Las definiciones varían según la jurisdicción, pero en general se entiende por minerales críticos aquellos recursos no combustibles esenciales para la seguridad económica y nacional de un país, cuyas cadenas de suministro son vulnerables a interrupciones. El litio, el cobalto, el níquel, los elementos de tierras raras y el cobre son los casos más comunes.

Estos materiales comparten un papel común: son los insumos físicos de la economía moderna. Están presentes en las baterías de vehículos eléctricos, los paneles solares y las turbinas eólicas. Son igualmente esenciales para los semiconductores y los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial y los sistemas de defensa. Quien controle su suministro tiene una influencia real sobre las tecnologías construidas a partir de ellos.

Conforme cambian las prioridades globales de extracción de recursos, México ha respondido colocando la exploración, extracción y procesamiento del litio exclusivamente bajo control estatal.

Para entender a fondo la postura del país en materia de minerales críticos, es necesario revisar los cambios legislativos centrales que redefinieron el sector. Un punto de inflexión decisivo fue la reforma del 2022 a la Ley Minera, que modificó el artículo 10 para establecer que la exploración, explotación y beneficio del litio y otros minerales declarados "estratégicos" por el Estado mexicano son utilidad exclusiva de este. A partir de esta base legislativa, en octubre de 2024 se modificó la Constitución mexicana para reservar explícitamente al Estado, de forma exclusiva, la exploración, extracción y procesamiento del litio. Al reformar formalmente el artículo 27 constitucional, el gobierno elevó a rango constitucional las restricciones que antes existían solo en legislación secundaria. Esta reforma prohibió el otorgamiento de cualquier concesión, licencia o contrato a particulares para operaciones de litio, categorizando efectivamente al recurso no solo como una materia prima valiosa, sino como un pilar indispensable de la seguridad nacional.

Para administrar este marco, el gobierno creó Litio para México (LitioMx), un organismo público descentralizado encargado de gestionar toda la cadena de valor económico del mineral. Esta estructura mantiene bajo control estatal la riqueza generada por la extracción de litio, y traza un límite claro para los inversionistas internacionales que operan en el mercado norteamericano.

Vale la pena precisar el alcance. La reforma constitucional aplica específicamente al litio. El resto del sector sigue operando bajo el régimen de concesiones mineras existente en México.

Washington ha tomado un camino distinto: no la propiedad estatal, sino la coordinación entre socios de confianza, respaldada por incentivos de financiamiento.

Ese enfoque se hizo evidente en la Ministerial de Minerales Críticos 2026, convocada por el Subsecretario del Departamento de Estado Marco Rubio, que reunió a representantes de cincuenta y cinco países, incluido México. La cumbre lanzó el Foro de Compromiso Geoestratégico de Recursos (FORGE, por sus siglas en inglés), sucesor de la Alianza de Seguridad de Minerales, que será presidido por Corea del Sur hasta junio de 2026. En la cumbre se firmaron once memorandos de entendimiento, aunque México no estuvo entre los firmantes. También se anunció nuevo financiamiento estadounidense para proyectos de minerales estratégicos, coordinado a través de la iniciativa Pax Silica.

La ausencia de México en esos memorandos no refleja del todo su posición real. Días después de la Ministerial, el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció un Plan de Acción bilateral México-Estados Unidos sobre Minerales Críticos, encabezado conjuntamente por el USTR y la Secretaría de Economía de México —uno de solo tres planes de acción de este tipo surgidos de la Ministerial, junto con los de Japón y la Comisión Europea—. Esa lista tan corta dice más sobre el peso estratégico de México ante Washington que la ausencia de una firma.

Firmado el 4 de febrero de 2026, con una ventana de implementación de 60 días que concluyó el 5 de abril, el plan comprometió a ambos gobiernos a: - Identificar proyectos mineros prioritarios para desarrollo conjunto, con el cobre, la plata, el litio, el grafito y el zinc como enfoque inicial - Explorar pisos de precio ajustados en frontera para las importaciones de minerales críticos como herramienta de política comercial - Compartir datos geológicos entre el Servicio Geológico de Estados Unidos y su contraparte mexicana - Consultar sobre la incorporación de estos mecanismos a un acuerdo plurilateral más amplio y vinculante - Coordinar el almacenamiento estratégico, protocolos de respuesta rápida e investigación y desarrollo conjunto sobre tecnologías minerales

Dos salvedades importan aquí. Primero, el plan no es jurídicamente vinculante: es un marco de política, no un tratado. Segundo, hasta el momento no existe información pública sobre pasos concretos de implementación más allá del anuncio inicial. Por ahora, su relevancia es diplomática y orientativa, no operativa.

La posición de México presenta tanto oportunidades como retos. La nacionalización del litio ha reducido el espacio para la inversión privada en ese segmento específico e introdujo una consideración de política adicional para los inversionistas que evalúan proyectos mineros en el país. Al mismo tiempo, la ubicación estratégica de México, su importante potencial mineral y su profunda integración a las cadenas de suministro norteamericanas lo siguen posicionando como un socio relevante en la estrategia estadounidense de minerales críticos, tal como lo refleja su inclusión entre los tres países cubiertos por un plan de acción bilateral dedicado.

Que México logre convertir esa ventaja en inversión depende menos del discurso que de dos desarrollos concretos por observar: si el Plan de Acción se convierte en un tratado vinculante, y si el marco regulatorio mexicano puede conciliarse con las obligaciones del T-MEC durante la revisión conjunta en curso. Ambos procesos ya están en marcha, y el hecho de que México haya obtenido uno de solo tres planes de acción bilaterales de la Ministerial 2026 sugiere que Washington ve un camino viable hacia adelante. Para los inversionistas que evalúan proyectos fuera del litio, el marco actual representa un primer paso significativo —el rumbo ya está trazado; lo que falta es convertirlo en certeza jurídica vinculante.