Las regulaciones mineras disruptivas requieren la participación del sector privado: SLM

Carlos Suárez:

Llevamos 25 años en el mercado. Somos una firma boutique especializada en casos de alta complejidad y de importancia nacional. El año pasado participamos en la revisión y potencial adquisición de un proyecto importante de la industria siderúrgica. Este año estamos involucrados en un proyecto de minería en aguas profundas en Baja California, que se anticipa generará un impacto positivo significativo a nivel nacional. Nuestro enfoque está en casos especializados que exigen soluciones sofisticadas. En lugar de manejar grandes volúmenes de trabajo, tomamos proyectos de alta complejidad, incluyendo iniciativas mineras de clase mundial. Este tipo de casos requiere un equipo altamente especializado con experiencia en distintos aspectos del derecho minero, incluyendo procedimientos regulatorios, marcos internacionales y litigio, capaz de profundizar en los detalles de cada caso. Nuestro equipo está conformado por profesionales con estudios de posgrado y experiencia internacional, con dominio del lenguaje técnico del sector minero, lo que nos da un entendimiento profundo y práctico de la industria.

Santiago Suárez:

Nuestra capacidad para colaborar estrechamente con las autoridades para abordar asuntos legales complejos es lo que nos distingue como firma. Estos asuntos con frecuencia carecen de una regulación clara. En algunos casos, el marco normativo existente no proporciona un proceso definitivo de toma de decisiones para las autoridades. Nos acercamos a ellas desde una perspectiva técnico-legal para analizar y resolver los asuntos en conjunto.

Carlos Suárez:

La minería en aguas profundas es particularmente interesante porque se rige tanto por el derecho internacional público como por el derecho interno, lo que exige un alto grado de análisis de derecho comparado. México aún no cuenta con un marco legal extenso sobre este tema. Por ejemplo, el proyecto de minería en aguas profundas que maneja esta firma requirió un extenso análisis de práctica estatal, ya que abordará cuestiones clave que todavía no están específicamente reguladas en México.

Santiago Suárez:

Desde un punto de vista jurisdiccional internacional, las actividades de minería en aguas profundas en aguas internacionales deben llevarse a cabo bajo patrocinio estatal, sujeto a la supervisión de un comité designado responsable de evaluar y aprobar dichos patrocinios. México forma parte de este comité. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) estableció un panel especial para tomar decisiones sobre esta materia. El proceso de resolución será políticamente complejo, dada la naturaleza de la extracción en aguas profundas y el valioso contenido mineral de los nódulos. Si bien la CONVEMAR rige las actividades en aguas internacionales, nuestro trabajo se enfoca tanto en el proceso de permisos actual bajo jurisdicción internacional como dentro de la Zona Económica Exclusiva de México. Esta área está sujeta a regulaciones nacionales, pero existen consideraciones técnicas adicionales que hacen que el análisis legal sea particularmente interesante. Los proyectos actuales están sentando las bases legales para futuros desarrollos de naturaleza similar, ante la actual ausencia de un marco legal suficientemente detallado. En áreas como la inteligencia artificial (IA) y la minería en aguas profundas, las autoridades regulatorias como la Dirección General de Minas deben no solo estar bien preparadas, sino también muy atentas. Se necesita un fuerte compromiso entre las empresas y los expertos legales para navegar estas complejidades. Hemos observado que el mercado a menudo aborda estos retos de manera reactiva, enfocándose en cómo resolverlos a través de la legislación existente. Sin embargo, dada su complejidad, es crucial realizar estudios a profundidad sobre estos temas emergentes conforme la minería continúa evolucionando a nivel global.

Carlos Suárez:

En los últimos 25 años, y particularmente en los últimos 10 a 15 años, hemos sido testigos de la evolución del sector minero. Con la IA, el sector avanza hacia terrenos inexplorados. Tenemos la oportunidad de participar activamente en estos desarrollos. La incorporación del análisis de datos y los cambios en los procesos tienen un impacto en las perspectivas financiera, laboral y de eficiencia, lo que generará oportunidades y retos futuros. Debemos mantenernos a la vanguardia y participar en la formulación de las próximas regulaciones en estas áreas.

Santiago Suárez:

La IA ya es legalmente compleja en un sentido general. En México, su implementación introducirá grandes retos debido a su aplicación y a las implicaciones legales dentro del marco regulatorio actual. Sin embargo, también abre grandes áreas de oportunidad, que podrían beneficiar tanto al gobierno como a los concesionarios. Desde el punto de vista gubernamental, ciertas herramientas basadas en datos e impulsadas por IA ya están beneficiando a algunas jurisdicciones en campos tan diversos como la fiscalización, la identificación de actividades mineras irregulares y la delimitación de áreas de yacimientos minerales. Mientras que, para los concesionarios y las empresas mineras en general, la información recabada por estas herramientas puede tener un impacto benéfico en su producción y cadenas de suministro. Es importante recordar que lo clave no es la tecnología en sí, sino sus consecuencias prácticas. A nivel global, están surgiendo varias empresas impulsadas por IA para capitalizar la implementación de estas nuevas tecnologías. Muchas de ellas ya están consiguiendo capital significativo a pesar de encontrarse aún en etapas tempranas. Representamos a algunas de estas empresas, preparándolas para entrar al mercado mexicano en diversas aplicaciones mineras, y creemos que el Servicio Geológico Mexicano, como titular de los datos públicos mineros, debería estar preparado para colaborar con estas prácticas emergentes.

Carlos Suárez:

SLM tiene una excelente relación con los funcionarios actuales, y hemos observado que Sheinbaum ha mostrado apertura hacia el sector minero. Algunas de estas autoridades, incluyendo al Director General del Registro Público y al Director General de Minas, nos han permitido dialogar con ellos sobre temas clave, como aceptar nuestras revisiones al próximo Reglamento de la Ley Minera. En este sentido, podemos ver que han sido receptivos y han mostrado un genuino interés en la opinión de los abogados y profesionales del sector minero. Esta es la diferencia clave respecto a la administración anterior, cuando había poco compromiso o seguimiento. En contraste, esta administración, bajo la guía de la Dra. Sheinbaum, ha priorizado la atención directa a los temas mineros, lo cual es muy positivo para nosotros y, sobre todo, para nuestros clientes.

Santiago Suárez:

Es cierto que actualmente el marco legal minero está atravesando un periodo de transición. Sin embargo, vemos que el enfoque de la nueva administración ha restablecido un estado de derecho más estable para los inversionistas extranjeros. A pesar de la ambigüedad que aún persiste en algunos aspectos de la ley, al abordar los asuntos caso por caso, como firma también hemos trabajado para mantener una noción de estabilidad institucional. Esto se ha reflejado en una nueva confianza por parte de países fuera de nuestros socios tradicionales de Norteamérica. Conforme surgen nuevas inversiones y proyectos mineros de empresas canadienses y nacionales, también estamos siendo testigos de una mayor participación de países de regiones como Asia Occidental y Oriental —naciones que anteriormente no estaban familiarizadas con el sector minero de México.

Carlos Suárez:

Las recientes reformas mineras pusieron mucho mayor énfasis en las responsabilidades sociales y ambientales de los concesionarios. Este es también un tema que jugará un papel muy importante en la redacción de las nuevas regulaciones de la Ley Minera, y en ese sentido, vemos grandes retos en cómo implementar este nuevo marco normativo de manera efectiva. Nuestro contacto cercano con las Autoridades Mineras se ha centrado en parte en este hecho. Adicionalmente, en cuanto a las necesidades de nuestros clientes, vemos un gran interés por emprender relaciones comunitarias efectivas. Sin embargo, este panorama legal en constante cambio puede resultar confuso en cuanto a cómo hacerlo de manera efectiva y con el debido proceso. En este momento, evaluar el impacto social y ambiental exige un análisis extenso, ya que el alcance del impacto de la producción minera en las comunidades circundantes aún no ha sido definido. Si bien se podría suponer que el impacto se limitaría a un radio inmediato, los efectos de un proyecto minero pueden extenderse mucho más allá.

Santiago Suárez:

Algunas de nuestras discusiones con la Dirección General de Minas se enfocan en medir las consecuencias sociales y su alineación con los temas ambientales. Si bien estos aspectos deben abordarse por separado debido a las responsabilidades asignadas entre las distintas dependencias gubernamentales, sus efectos están interconectados. Creemos que la coordinación estrecha entre las autoridades ambientales y mineras es esencial para implementar de manera efectiva las políticas de relaciones comunitarias, particularmente ahora que los estudios de impacto social serán obligatorios bajo la nueva Ley Minera. SLM elaboró un análisis de derecho comparado para ayudarnos a entender cómo otras jurisdicciones han abordado estos temas sociales y cómo los han tratado por separado para distinguir claramente sus consecuencias legales, con el fin de presentarlo a la Dirección General de Minas como apoyo.

Carlos Suárez:

Este año se ve prometedor, especialmente con la estabilidad política que trae la nueva administración. El cambio en la toma de decisiones ocurrió entre diciembre de 2024 y enero de 2025, ya que los inversionistas ven mayor certeza y claridad, a pesar de que el reglamento de la nueva Ley Minera aún no ha sido publicado. Este año y los próximos años se ven prometedores debido a la creciente confianza en el sector minero. Este año buscamos ayudar a llenar los vacíos de la actual Ley Minera con las próximas regulaciones. Creemos que lo más importante es lo que aportamos para dar forma al futuro de la industria. Si bien manejamos numerosos clientes y casos, también queremos dejar un impacto significativo en esta regulación aún por publicarse, la cual podría crear millones de empleos y fomentar un mayor crecimiento en la industria.

Santiago Suárez:

Este año es crucial para México. El sector minero debe mantenerse cerca de las autoridades para apoyar el crecimiento. México tiene un legado histórico en minería, y firmas legales como la nuestra deben trabajar con el gobierno para ayudar a guiar el futuro del sector. Lo vemos como nuestra responsabilidad contribuir al desarrollo del país, especialmente apoyando los marcos regulatorios. Para nosotros, no se trata solo de resolver los asuntos de nuestros clientes, sino también de asegurar el crecimiento de la industria minera.